Menores y videojuegos, según Aministía Internacional

Cada vez son más los menores que consumen videojuegos. ADESE (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento) registra que el crecimiento más intenso entre 2004 y 2006 se da entre los menores de 11 a 16 años, de los cuales un 78% consume videojuegos.

 
Ante esta situación, Amnistía Internacional mantiene su preocupación por la desprotección de la infancia frente a los videojuegos con contenidos no recomendados para su edad, especialmente en aquellos clasificados para mayores de 18 años que desarrollan temáticas que banalizan las violaciones de derechos humanos. La organización denuncia que el Gobierno delega la protección de los menores en las empresas privadas de videojuegos y no hace nada por protegerlos, violando sus derechos al incumplir la legislación nacional e internacional en materia de protección de la infancia.

  En los puntos de venta no hay medidas para controlar el acceso de los menores a los videojuegos. El control se reduce a una recomendación por parte de las empresas fabricantes, que asumen el deber de proteger al menor de forma “voluntaria” con un código de autorregulación.

  En el informe España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego, de enero de 2006, Amnistía Internacional repasa las medidas existentes en España hasta la fecha para controlar el acceso de los menores a los videojuegos, cuyo contenido pueda ser perjudicial para su desarrollo.

  Sólo existe legislación autonómica al respecto, que en su puesta en práctica se ha mostrado deficiente. A nivel estatal sólo hay un código de autorregulación de la propia industria, el Sistema Paneuropeo de Información sobre Juegos (PEGI), al que se adhieren las empresas del sector de forma voluntaria. Según Amnistía Internacional, ni una ni otra cosa garantizan el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a los menores adquirida por el Estado español con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.

La organización considera importante la creación de un marco legislativo estatal para la regulación de todo lo relativo a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos. Deberían ser tratados como un producto más en el mercado que requiere de toda la información  para que pueda haber un consumo responsable y protector de los derechos de la infancia.

También es preocupante el vacío de regulación en Internet y en la telefonía móvil, dos canales en rápida expansión.

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